San Francisco de Macorís, RD. – Ocho meses después de la trágica muerte de su hijo, la señora Argentina Hernández vuelve a enfrentar la indiferencia de las autoridades. Su hijo, Ezequiel Hernández, perdió la vida tras ser lanzado desde un segundo piso en el sector Getsemaní, presuntamente por otro joven del barrio. El caso, sin embargo, continúa estancado en una maraña de silencio oficial y ausencia de justicia.
Según relata la madre, el presunto responsable sigue caminando con total impunidad por las calles, consumiendo alcohol y drogas a plena vista de todos, mientras la investigación permanece paralizada.
“De eso hace más de ocho meses y todavía el matador anda en el barrio bebiendo romo y usando drogas”, denunció con indignación.
El clamor de Argentina no es un hecho aislado, sino otro ejemplo doloroso del patrón de negligencia que se repite en los procesos judiciales de San Francisco de Macorís y gran parte del país: casos de homicidios sin acusaciones formales, investigaciones detenidas y familias que cargan solas con el peso de la impunidad.
Lo que debería ser un proceso rápido y riguroso para identificar, procesar y sancionar a los responsables, se convierte en una espera interminable, donde la burocracia y la falta de voluntad parecen pesar más que el derecho de las víctimas.
Mientras tanto, en el sector Getsemaní, la presencia del presunto homicida libre en las calles es un recordatorio permanente de que el Estado ha fallado en su rol más básico: garantizar justicia y proteger a sus ciudadanos.
La pregunta que se hace Argentina Hernández es la misma que se hacen miles de dominicanos: ¿cuántos meses más habrá que esperar para que la vida de un joven, truncada violentamente, no quede archivada en un expediente polvoriento?
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