Una misma empresa maneja las cédulas, los pasaportes y las licencias de conducir de República Dominicana… y también de Haití 💣

En un país donde los discursos sobre soberanía se pronuncian con fervor, la identidad nacional parece estar tercerizada. Tres contratos públicos, tres instituciones dominicanas distintas y un mismo actor extranjero detrás de todos ellos: Veridos GmbH, la empresa alemana que fabrica los documentos de identidad de Haití… y ahora también los nuestros.

📄 JCE, Intrant y Pasaportes, tres entidades que manejan la información más sensible del Estado, adjudicaron contratos millonarios a empresas diferentes —EMDOC, Mobility ID y Midas Dominicana— pero todas comparten el mismo ADN tecnológico: Veridos.
En total, más de RD$11 mil millones en sistemas que definen quiénes somos, cómo nos movemos y cómo votamos.

🔍 ¿Coincidencia o concentración peligrosa?
Los pliegos de licitación incluso muestran errores idénticos, como documentos del consorcio EMDOC usados en procesos del Intrant. “Errores de copiar y pegar”, dicen. Pero en materia de identidad nacional, no hay errores inocentes.

📚 La Constitución Dominicana, en su artículo 260, define la información ciudadana como un activo estratégico. Sin embargo, hemos entregado el control de nuestros datos, chips y sistemas de autenticación a una empresa que también maneja la identidad del país vecino, un Estado en crisis institucional.
¿Quién protege nuestros datos? ¿Quién tiene las claves maestras de esos servidores? ¿Quién audita los códigos fuente de los sistemas donde reposa el ADN digital de los dominicanos?

🌐 Veridos, además, no llega con las manos limpias: ha enfrentado cuestionamientos por sobrecostos y escándalos en Kosovo, Uganda, Guyana, Nepal y el Congo. Países, todos, con débiles sistemas de control. ¿De verdad queremos seguir ese patrón?

💥 En tiempos donde los datos valen más que el oro, entregarle a una sola red extranjera el control de nuestra identidad es una imprudencia de Estado.
No se trata solo de licitaciones ni de eficiencia tecnológica. Se trata de soberanía, seguridad y dignidad nacional.

Y mientras los contratos siguen firmándose y los sistemas migran hacia servidores externos, el país sigue sin una auditoría pública, sin control real del software y sin certezas sobre dónde terminan nuestros datos personales.

Porque al final, la independencia no se decreta: se cifra 🔐.