✍️ Marcos Williams
En el marco del Día Mundial de la Tierra, ha resurgido en San Francisco de Macorís un debate que, lejos de ser nuevo, refleja una tensión constante en las ciudades en crecimiento: ¿cómo avanzar sin comprometer el entorno natural?
La discusión gira en torno a la propuesta de construir un monumento en la entrada de la ciudad y ampliar a cuatro carriles un tramo vial cercano al Parque Ecológico Riberas del Jaya, un espacio protegido mediante el Decreto 351-11. Diversas organizaciones sociales y ambientales han levantado su voz de alerta, advirtiendo sobre los posibles impactos negativos en un ecosistema que, precisamente, fue resguardado para garantizar su conservación y uso público sostenible.
Su preocupación no es menor. En un país donde históricamente la planificación urbana ha sido débil y muchas áreas protegidas han sufrido intervenciones cuestionables, la vigilancia ciudadana juega un rol clave. La defensa del Parque Riberas del Jaya responde a una necesidad real: preservar un pulmón ecológico en una ciudad que crece de manera acelerada.
Sin embargo, el debate no puede quedarse únicamente en la oposición. También es necesario examinar con rigor técnico y visión de futuro el alcance del proyecto propuesto.
San Francisco de Macorís enfrenta una presión creciente sobre su sistema vial. El aumento del parque vehicular, la expansión urbana y la falta de infraestructura adecuada han convertido algunas de sus principales entradas en puntos críticos de congestión. En ese contexto, la ampliación de la vía no es un elemento decorativo, sino una intervención que podría traducirse en mayor fluidez, reducción de accidentes y mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
El punto clave está en la proporcionalidad del impacto. Si, como se ha planteado, la obra requiere solo una franja mínima adicional de terreno, la discusión debería centrarse en si existen estudios de impacto ambiental confiables, medidas de mitigación claras y garantías de que el área protegida no será vulnerada más allá de lo estrictamente necesario.
Por otro lado, la construcción de un monumento con identidad local —inspirado en el cacao, símbolo productivo de la provincia Duarte— abre un debate distinto. Más allá de su valor simbólico, surge la pregunta: ¿es esta una prioridad frente a otras necesidades más urgentes de la ciudad? En un contexto de limitaciones presupuestarias, la inversión pública debe evaluarse no solo por su impacto visual, sino por su retorno social y económico.
Aquí es donde el análisis debe ser más exigente. El desarrollo urbano no puede justificarse únicamente desde la estética o el crecimiento físico; debe responder a una planificación integral que articule movilidad, sostenibilidad y bienestar colectivo.
San Francisco de Macorís no necesita elegir entre desarrollo y medio ambiente. Necesita hacer ambas cosas bien. Esto implica transparencia en la información, participación ciudadana real y decisiones basadas en evidencia, no en percepciones ni intereses aislados.
En última instancia, lo que está en juego no es solo una carretera o un monumento, sino el modelo de ciudad que se quiere construir: uno que crece de manera ordenada y sostenible, o uno que repite los errores del pasado.
El reto no es detener el desarrollo, sino asegurarse de que, cuando ocurra, realmente beneficie a la mayoría sin comprometer el futuro.
