Santiago y el país en alerta: el asesinato de un chofer a manos de motoristas evidencia el fracaso del Estado
✍️ Marcos Williams
Santiago, RD. – Lo que comenzó como un simple roce de tránsito terminó en una tragedia que hoy estremece a toda la nación. El asesinato de un conductor de un camión recolector de basura, perseguido y apuñalado por una turba de motoristas en Santiago, no es un hecho aislado: es el reflejo más crudo del desorden, la impunidad y la falta de control que impera en las calles dominicanas.
La víctima, identificada como Deivy Carlos Abreu Quezada, fue perseguida por varios motoristas tras un incidente vial. En su desesperación, buscó refugio incluso en las cercanías de un destacamento policial y luego en el Palacio de Justicia, clamando por ayuda. Nadie intervino. Minutos después, fue alcanzado y mortalmente herido por sus agresores.
Este hecho, además de brutal, deja una pregunta que incomoda: ¿dónde estaba el Estado cuando un ciudadano pedía auxilio para no ser asesinado?
El fenómeno de los motoristas en RD: de transporte informal a problema estructural
En la República Dominicana, el crecimiento descontrolado del motoconcho ha derivado en una realidad compleja. Lo que inició como una solución económica para miles de dominicanos hoy se ha convertido, en muchos casos, en un factor de riesgo para la seguridad ciudadana.
La ausencia de regulación efectiva ha permitido la proliferación de grupos informales, muchos de ellos organizados por paradas, que actúan como estructuras paralelas sin supervisión estatal. En conflictos de tránsito, esta dinámica se transforma en algo más peligroso: justicia por mano propia.
El caso de Santiago lo evidencia claramente: una discusión menor escaló a una persecución colectiva, coordinada incluso a través de redes de comunicación entre motoristas, hasta terminar en asesinato.
No es un caso aislado: una cultura de violencia en ascenso
Las autoridades han reconocido que en el país más del 50% de los homicidios están vinculados a conflictos sociales que escalan de forma irracional.
En este contexto, los incidentes con motoristas son cada vez más frecuentes:
- Linchamientos o intentos de linchamiento tras accidentes de tránsito.
- Agresiones a conductores que abandonan escenas por miedo.
- Enfrentamientos entre grupos de motoconchistas.
- Uso de armas blancas en disputas menores.
Los videos que circulan a diario en redes sociales no son excepción, son evidencia de una normalización peligrosa del caos.
La falla institucional: negligencia, omisión y ausencia de autoridad
Uno de los aspectos más graves del caso es la presunta inacción de agentes policiales, quienes no respondieron al llamado de auxilio de la víctima.
Esto abre un debate aún más profundo:
- ¿Existe un protocolo real para proteger a ciudadanos en peligro inmediato?
- ¿Está preparada la Policía para intervenir en conflictos colectivos?
- ¿Quién responde cuando la autoridad decide no actuar?
La falta de consecuencias en este tipo de negligencia solo fortalece la percepción de impunidad.
El vacío legal y operativo en el sector motoconchista
Aunque el motoconcho es una pieza clave en la movilidad nacional, el Estado dominicano ha fallado en estructurar un modelo sostenible y regulado.
Actualmente persisten problemas críticos:
- Registro incompleto de conductores.
- Falta de control sobre paradas informales.
- Ausencia de capacitación obligatoria.
- Escasa fiscalización del cumplimiento de normas de tránsito.
El resultado es un sector que opera, en gran medida, fuera del control institucional.
Cinco medidas urgentes para enfrentar la crisis
Si el Estado realmente pretende evitar que tragedias como esta se repitan, debe actuar con firmeza. Estas son acciones concretas:
1. Registro y formalización obligatoria
Crear un padrón nacional digital de motoconchistas, con identificación, licencias y rutas asignadas.
2. Regulación estricta de paradas
Legalizar y supervisar las paradas de motoconchos, eliminando las estructuras informales.
3. Capacitación y certificación
Exigir formación obligatoria en seguridad vial, manejo de conflictos y normativas legales.
4. Régimen de consecuencias penales claras
Tipificar como agravante la participación en turbas o linchamientos relacionados con conflictos de tránsito.
5. Reforma policial y protocolos de intervención
Implementar protocolos obligatorios de respuesta inmediata ante ciudadanos en peligro, con sanciones reales por omisión.
Conclusión: un país al borde del descontrol social
El asesinato de Deivy Carlos Abreu no solo es una tragedia familiar, es un síntoma de un problema mayor: la pérdida del control del espacio público.
Cuando un ciudadano puede ser perseguido, acorralado y asesinado en plena ciudad, incluso frente a instituciones del Estado, queda claro que el problema no es solo de seguridad, sino de gobernabilidad.
La República Dominicana enfrenta una disyuntiva:
o impone orden con políticas firmes y coherentes,
o seguirá normalizando la violencia como mecanismo de resolución de conflictos.
La pregunta ya no es si volverá a ocurrir algo similar.
La pregunta es: ¿cuándo será la próxima víctima?
