San Francisco de Macorís. — La decisión atribuida a la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional de restringir el acceso de periodistas y comunicadores al cuartel policial ha encendido las alarmas entre representantes de los medios de comunicación, quienes consideran que la medida representa un retroceso para la libertad de prensa, la transparencia institucional y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La mañana de este viernes, agentes policiales intentaron impedir el ingreso del periodista Vladimir Paula y del comunicador Gálvez, quienes acudieron a la sede policial para realizar la cobertura informativa habitual. De acuerdo con los afectados, los agentes justificaron la acción alegando que cumplían "órdenes superiores".
La disposición es atribuida al general Julio César Acosta, quien recientemente asumió la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Macorís. Hasta el momento, la institución no ha ofrecido una explicación oficial sobre las razones que motivan el aparente cambio en la política de acceso a la sede policial.
De confirmarse esta restricción, el hecho supondría un rompimiento con la práctica que durante años permitió a los medios acceder a informaciones oficiales y dar cobertura a los acontecimientos de interés público relacionados con la labor policial.
Diversos periodistas y comunicadores advierten que limitar el acceso de la prensa a fuentes oficiales no fortalece la institucionalidad, sino que favorece la opacidad, dificulta la fiscalización ciudadana y debilita la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
La libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Obstaculizar el trabajo periodístico sin una justificación pública y razonable genera cuestionamientos sobre el compromiso de las autoridades con la transparencia y la rendición de cuentas.
Los comunicadores que cubren la fuente policial hicieron un llamado a la Dirección General de la Policía Nacional para que aclare la situación y garantice que el ejercicio del periodismo pueda desarrollarse sin restricciones indebidas, en apego a la Constitución y al derecho de los ciudadanos a recibir información oportuna y veraz.
Mientras no exista una explicación oficial sobre esta medida, la preocupación del sector periodístico continúa creciendo, al considerar que cualquier limitación injustificada al acceso de la prensa sienta un precedente que afecta no solo a los medios de comunicación, sino también al conjunto de la sociedad, cuyo derecho a la información depende de un periodismo libre e independiente.
